Gobierno sancionará con dureza la producción ilegal de semillas de maíz


El Gobierno nacional sancionará duramente a los responsables y colaboradores de la multiplicación de maíces GM ilegales, según lo manifestó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, (Senave) Ing. Agr. Jaime Ayala.
Ayala agregó que la institución a su cargó trabajará juntamente con la Dirección Nacional de Aduanas, a través del Detave, para la investigación del origen de los materiales multiplicados ilegalmente y que el Viceministerio de Tributación se integrará para verificar el cumplimiento tributario de los trasgresores.
El comercio ilegal de semillas transgrede no solo la Ley 385/94, de Semillas y Protección de Cultivares, sino además la Ley de Estudio de Impacto Ambiental, el Código Sanitario, el Código Aduanero y a la Ley que establece el Régimen Tributario del país.
Riesgo a exportaciones
Esta práctica ilícita pone en serio riesgo las exportaciones del maíz paraguayo al mercado internacional, teniendo en cuenta que podrían cerrar las puertas si detectan la presencia de materiales no permitidos y recurrir a la Organización Mundial del Comercio para formalizar sanciones contra Paraguay.
Atendiendo esta situación, el Senave informa que llegado el momento solicitarán a los productores la documentación que acredite el origen de la compra de las semillas que utilizan.
Los compradores de “buena fe” de estas “bolsas blancas”, producidas por la multiplicación ilegal de híbridos GM, podrían ser sancionados por incumplir la ley de semillas y la ley de tributación.
Igualmente, se está programando una serie de acciones para controlar y sancionar al otro componente de este sistema corrupto y perjudicial, que multiplica en forma ilegal semillas de maíz genéticamente modificadas, que realiza los trabajos de procesamiento y embolsado de las simientes.
Comercio ilegal
El comercio ilegal de semillas pone en juego todo el proceso de adopción de las tecnologías modernas en el país, atendiendo que con la multiplicación ilícita, los materiales autorizados y aprobados podrían empezar un proceso de descomposición irreversible, lo que perjudicaría en el corto plazo a los productores agrícolas y afectaría gravemente a la economía nacional, según indicó el ente regulador del sector vegetal.
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